Por unanimidad y en su tercer trámite legislativo, la Cámara de Diputados aprobó la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la nueva institucionalidad que busca fortalecer y descentralizar la ya existente, promoviendo y ejerciendo una gestión pública basada en el reconocimiento de Chile como un país con diversidad cultural, que incluye las culturas de los pueblos originarios y de las comunidades migrantes.

El nuevo Ministerio, que da cumplimiento a uno de los compromisos más importantes del actual gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet en materia de cultura, contará con dos subsecretarías: de las Culturas y las Artes y la del Patrimonio Cultural, las que contarán, a nivel regional, con Secretarías Regionales Ministeriales. Además, se crea un Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, sucesor de la Dibam, con personalidad jurídica y patrimonio propio, desconcentrado en regiones en Direcciones Regionales, que tendrá a su cargo la administración de un Fondo del Patrimonio. 

Ahora, por contener normas propias de ley orgánica constitucional, el proyecto es enviado al Tribunal Constitucional, para su posterior firma y promulgación por parte de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet.

Antecedentes de la creación del Ministerio

Desde el retorno a la democracia, uno de los pilares de la gestión de los diferentes gobiernos en materia de cultura ha sido la creación de un Ministerio. Durante el gobierno de Patricio Aylwin se dieron los primeros pasos a través de la comisión Garretón, seguida por la comisión Ivelic, durante el gobierno de Eduardo Frei. En la administración de Ricardo Lagos se creó el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2003), hasta hoy el antecedente más directo del Ministerio. Durante el periodo de Sebastián Piñera se ingresó un proyecto de creación del Ministerio, el que luego fue despachado como Indicación Sustitutiva por el actual Gobierno de la Presidenta Bachelet, para el que, durante los años 2014 y 2015, se realizó un amplio proceso de participación ciudadana que incluyó una Consulta Indígena.